España impulsa regularización de hasta cientos de miles de inmigrantes
El Gobierno de España, encabezado por el presidente Pedro Sánchez, aprobó un programa extraordinario de regularización de inmigrantes que se encuentran en situación administrativa irregular pero llevan al menos cinco meses residiendo en el país y no tienen antecedentes penales. La medida, anunciada tras una reunión del Consejo de Ministros, representa un giro significativo dentro de la política migratoria española y europea.
Según fuentes oficiales, esta regularización permitirá a miles de personas acceder de forma legal al mercado laboral, a servicios públicos básicos y facilitará su plena integración social y económica. El Ejecutivo ha justificado la iniciativa argumentando que responde a necesidades del mercado de trabajo en sectores con escasez de mano de obra, como construcción, agricultura y servicios personales, además de apostar por un enfoque de inclusión social y cohesión territorial.
La iniciativa ha recibido apoyos de sindicatos, asociaciones de derechos humanos y organizaciones empresariales, que consideran que la regularización contribuirá a reducir la economía sumergida y aumentar la recaudación fiscal. No obstante, también ha generado críticas de formaciones políticas de la derecha, que argumentan que la medida podría incentivar la inmigración irregular o suponer una “puerta abierta” sin suficientes controles.
El proceso incluye condiciones claras, como la demostración de residencia continuada, la ausencia de antecedentes penales y la aceptación de un contrato de trabajo o la capacidad de demostrar medios de subsistencia. Las solicitudes se gestionarán a través de una plataforma digital oficial que permitirá a los interesados consultar el estado de su trámite y recibir notificaciones de forma más ágil.
El Gobierno ha defendido que esta medida es también una respuesta humanitaria y que coloca a España en una posición de liderazgo dentro de un contexto europeo que ha tendido hacia políticas migratorias más restrictivas en los últimos años. Organizaciones sociales han llamado a mantener un seguimiento cercano para garantizar que la implementación sea transparente y eficaz.